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Pide Congreso auditoría al Municipio de Juárez por adeudo de 118 mdp al SAT

Determinarían si los hechos constituyen infracciones administrativas o delitos

Administrador General
22/04/2026 13:47
Pide Congreso auditoría al Municipio de Juárez por adeudo de 118 mdp al SAT

Chihuahua, Chih.– El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por mayoría un exhorto para que la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua y la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua inicien investigaciones sobre el presunto incumplimiento en la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de trabajadores del Municipio de Ciudad Juárez.

El acuerdo, promovido por la diputada Xóchitl Contreras Herrera, plantea determinar si los hechos constituyen infracciones administrativas o delitos, y en su caso, que se finquen responsabilidades conforme a derecho.

De acuerdo con lo expuesto en tribuna, el municipio enfrenta una deuda con el Servicio de Administración Tributaria derivada del ISR retenido a sus trabajadores durante el ejercicio fiscal 2021, mismo que no fue enterado en tiempo y forma a la autoridad federal.

La legisladora citó información del secretario de Hacienda estatal, José de Jesús Granillo Vázquez, quien estimó el adeudo en aproximadamente 118 millones de pesos.

Durante la discusión, se subrayó que el ISR retenido no forma parte de los recursos del gobierno municipal, sino que corresponde a los trabajadores, por lo que su omisión en el entero representa una falta grave a las obligaciones fiscales establecidas en la ley.

Además, el punto de acuerdo contempla la realización de auditorías a los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, así como la revisión de periodos posteriores, ante la falta de información pública sobre el cumplimiento de estas obligaciones.

El Congreso también solicitó que, en caso de detectarse irregularidades, se presenten las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes y se informe a esta soberanía sobre los resultados de las investigaciones.

Finalmente, la promovente aclaró que no corresponde al Poder Legislativo determinar responsabilidades penales, pero sí exigir que las instancias fiscalizadoras y de justicia actúen de manera pronta, objetiva e imparcial en atención a una situación que impacta directamente en la confianza ciudadana.

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