8 de marzo: entre vallas y deudas con las mujeres
Por Mtra. Verónica Terrazas, Escuela de Formación Feminista de Chihuahua
8 de marzo: entre vallas y deudas con las mujeres
Por Mtra. Verónica Terrazas, Escuela de Formación Feminista de Chihuahua
“No olvides jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados”. La advertencia de la filósofa y activista francesa Simone de Beauvoir no es una frase para el recuerdo: es un diagnóstico vigente. Cada 8 de marzo nos recuerda que los derechos de las mujeres no son conquistas definitivas, sino territorios que deben defenderse permanentemente.
En México —y también en Chihuahua— las mujeres volvemos a salir a las calles para señalar lo que el discurso oficial intenta maquillar: la impunidad, la simulación institucional y el incumplimiento sistemático de los protocolos de investigación, atención y reparación en los casos de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.
Hay una imagen que se repite cada año y que resulta profundamente simbólica: el Estado moviliza camiones, vallas metálicas y operativos de seguridad para blindar edificios públicos ante las marchas del 8M. La pregunta es inevitable: ¿por qué parece haber más recursos para proteger paredes que para garantizar justicia? Si bien es cierto que se han registrado algunos avances legales e institucionales, también es evidente que muchos derechos que ya estaban reconocidos o en proceso de consolidarse hoy parecen estancados —o incluso en retroceso—. Lo preocupante no es solo la lentitud del cambio, sino la falta de una política integral que involucre realmente a toda la sociedad en la erradicación de la violencia de género.
Porque no basta con tener leyes con perspectiva de género si estas no se cumplen. No basta con protocolos si las instituciones carecen de personal capacitado, ético y comprometido para aplicarlos. La prevención de la violencia contra las mujeres debería ser una tarea permanente en las escuelas, en las comunidades, en los medios y en las propias instituciones públicas. Sin embargo, en muchos casos lo que vemos es lo contrario: programas debilitados, discursos vacíos y una burocracia que responde tarde —o nunca— a las víctimas.
En este contexto, las movilizaciones feministas no son un capricho ni un desorden social: son una forma legítima de participación política. Gracias a la protesta organizada, mujeres y colectivas han logrado visibilizar violencias que durante décadas fueron normalizadas, exigir justicia para las víctimas y empujar transformaciones legales, institucionales y culturales. La historia reciente demuestra que muchas de las conquistas en materia de derechos de las mujeres no nacieron en los escritorios del poder, sino en las calles.
Por ello, las autoridades tienen la obligación de garantizar que estas manifestaciones se desarrollen sin represión. No deben realizar detenciones arbitrarias, ni recurrir al uso excesivo de la fuerza, ni mucho menos agredir física, psicológica o sexualmente a las manifestantes. Tampoco pueden criminalizar la protesta ni implementar medidas destinadas a inhibir la manifestación pacífica. Estos derechos están protegidos por la Constitución —particularmente en los artículos primero, sexto y noveno— y por instrumentos internacionales como la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
El 8 de marzo no es una celebración: es un recordatorio incómodo de todo lo que falta. En un contexto político y social cada vez más convulso, las mujeres sabemos que ningún derecho está garantizado para siempre. Por eso seguimos marchando, denunciando y organizándonos. Porque frente a tiempos turbulentos, retroceder no es una opción. Porque cuando se trata de los derechos de las mujeres, un solo paso atrás puede significar décadas perdidas. ✊♀️
