México emprenderá acciones legales en EE.UU. por muerte de connacionales en manos del ICE

Ciudad de México.- El Gobierno de México anunció que endurecerá su estrategia jurídica y diplomática para exigir justicia por la muerte de ciudadanos mexicanos relacionada con acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), mediante la presentación de denuncias penales ante autoridades estadounidenses y el inicio de demandas civiles contra empresas que operan centros de detención migratoria.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que 17 mexicanos han fallecido en hechos vinculados con el ICE: 14 perdieron la vida mientras permanecían bajo custodia en centros de detención y tres más durante operativos migratorios.

Entre los casos más recientes se encuentra el de Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano que murió el pasado 7 de julio tras recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo en Houston, Texas. De acuerdo con la versión oficial de las autoridades estadounidenses, el hombre presuntamente intentó embestir con su vehículo a un agente federal, quien accionó su arma en defensa propia. Sin embargo, familiares, organizaciones civiles y legisladores estadounidenses han solicitado una investigación independiente para esclarecer los hechos y verificar la actuación de los agentes.

"Hay una situación muy dolorosa", expresó Velasco al referirse al caso de Salgado, al subrayar que la muerte del connacional debe investigarse "con absoluta seriedad", tal como lo han exigido sus familiares. El funcionario señaló que la nueva estrategia busca que las autoridades estadounidenses determinen posibles responsabilidades penales y civiles en los fallecimientos registrados bajo custodia o durante operativos migratorios.

Como parte de las medidas anunciadas, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitará el apoyo de la Fiscalía General de la República para presentar denuncias ante fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, además de promover acciones civiles contra las compañías privadas que administran centros de detención donde han ocurrido decesos de migrantes mexicanos.

El endurecimiento de la postura del Gobierno mexicano ocurre en medio de un incremento en los operativos migratorios impulsados por la administración del presidente estadounidense Donald Trump y de las crecientes críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos por las condiciones en los centros de detención y el uso de la fuerza durante las acciones del ICE.

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