"Nadie está por encima de la ley" : Maru Campos

Chihuahua, Chih., 19 de octubre de 2026.— La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, fijó su postura pública sobre la detención del exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, y sostuvo que las investigaciones se desarrollaron conforme a las atribuciones legales de las autoridades, al tiempo que aseguró que cualquier persona que haya formado parte de su administración deberá responder ante la ley.

En un mensaje dirigido a las y los chihuahuenses, la mandataria explicó que decidió pronunciarse una vez concluida la etapa inicial de la investigación estatal, la cual derivó en la judicialización del caso por presuntos delitos del fuero común relacionados con los acontecimientos del operativo de El Pinal, donde se conoció la participación de ciudadanos estadounidenses vinculados con actividades de seguridad.

“Nadie que haya servido en mi gobierno está por encima de la ley”, afirmó Campos, quien también sostuvo que en Chihuahua la justicia debe aplicarse sin distinciones y que su administración no protege ni persigue a nadie.

La gobernadora recordó que el pasado 24 de abril, un día después de reunirse con el secretario de Seguridad federal para abordar el operativo de El Pinal, anunció la creación de una Unidad Especializada dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con Campos, el objetivo de esa instancia fue garantizar transparencia y esclarecer los acontecimientos, además de investigar posibles delitos o faltas graves cometidos por servidores públicos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La mandataria subrayó que el acuerdo de creación de la unidad estableció expresamente la obligación de investigar los hechos y coordinarse con los distintos órdenes de gobierno.

También explicó que, mientras las indagatorias permanecieron abiertas, su administración evitó emitir posicionamientos públicos sobre el fondo del asunto, con el propósito de no interferir en las investigaciones.

La gobernadora indicó que la etapa inicial de ese trabajo concluyó la semana pasada y que sus resultados dieron lugar a la presentación del caso ante las autoridades judiciales estatales.

Campos sostuvo que la Fiscalía del Estado actuó dentro de sus atribuciones al investigar los hechos y judicializar los presuntos delitos del fuero común que consideró acreditados durante esa fase de las indagatorias.

Sin embargo, precisó que la resolución del procedimiento no corresponde al Poder Ejecutivo, sino al Poder Judicial.

“La Fiscalía del Estado hizo lo que le corresponde y ha informado oportunamente el estado del proceso; la determinación del proceso corresponde al Poder Judicial”, señaló.

Con esta declaración, la mandataria buscó delimitar las responsabilidades institucionales en el caso de Jáuregui, cuya detención abrió un proceso judicial que ha generado repercusiones políticas y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades estatales en el operativo de El Pinal.

La postura de la gobernadora se produce después de que el exfiscal enfrentara una imputación estatal por presuntas irregularidades en el ejercicio del servicio público y de que, posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutara una orden de aprehensión federal por una causa distinta.

En su mensaje, Campos también se refirió a la investigación emprendida por la FGR y aseguró que el Gobierno de Chihuahua atenderá los requerimientos que formule la autoridad federal, siempre dentro del marco legal.

La mandataria reconoció que la Fiscalía General de la República judicializó una causa independiente, derivada de sus propias investigaciones y dentro de su ámbito de competencia.

Ante ese escenario, afirmó que el estado proporcionará información y colaborará en las diligencias que sean solicitadas por las autoridades federales.

“Chihuahua atenderá cualquier solicitud de información o diligencia que la Federación requiera en el marco de la ley”, expresó.

La gobernadora añadió que, si las investigaciones en curso revelan otros hechos relacionados con el ejercicio del cargo de Jáuregui, la Fiscalía estatal actuará dentro de sus facultades y entregará a la Federación los elementos que sean requeridos.

La declaración abre la puerta a nuevas diligencias y a una colaboración institucional que podría extenderse conforme avance la causa federal, aunque Campos no adelantó qué información adicional podría ser entregada ni si existen nuevas investigaciones estatales en curso contra otros exfuncionarios.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la defensa de la cooperación internacional en materia de seguridad, acompañada de una exigencia de respeto a las leyes mexicanas y a los procedimientos institucionales.

Campos sostuvo que la colaboración con autoridades de otros países es legítima y necesaria para combatir al crimen organizado, pero advirtió que debe realizarse mediante los mecanismos legalmente establecidos.

“La cooperación con autoridades de otros países es legítima y necesaria, pero debe darse con apego a la ley como siempre lo habíamos venido haciendo, es decir, a través de los conductos institucionales”, afirmó.

El señalamiento resulta relevante debido a la controversia generada por la presencia de ciudadanos estadounidenses vinculados con la CIA en actividades relacionadas con el operativo de El Pinal.

La investigación busca esclarecer bajo qué condiciones participaron los extranjeros, qué autoridades conocían sus actividades y si se cumplieron los procedimientos legales para la colaboración con instancias de seguridad de otro país.

La gobernadora insistió en que su administración mantendrá la cooperación con el Gobierno de México y con sus socios estratégicos, pero siempre bajo el principio de legalidad.

La detención del exfiscal ha colocado bajo escrutinio la actuación de funcionarios que participaron en la planeación, supervisión y ejecución de las actividades de seguridad relacionadas con El Pinal.

Jáuregui, quien presentó su renuncia al cargo en abril, fue uno de los principales responsables de la institución encargada de investigar los delitos en Chihuahua. Por ello, el caso plantea interrogantes sobre la cadena de mando, los mecanismos de supervisión y los procedimientos utilizados para coordinarse con autoridades extranjeras.

El pronunciamiento de Campos representa su posicionamiento público sobre el avance de las investigaciones y busca establecer que el procedimiento judicial debe seguir su curso sin interferencias del Ejecutivo estatal.

No obstante, la determinación de las responsabilidades penales dependerá de las pruebas presentadas ante los tribunales y de las resoluciones que emitan los jueces competentes. La existencia de una imputación no equivale a una sentencia condenatoria.

En la parte final de su mensaje, la gobernadora reiteró que su administración mantendrá el combate al crimen organizado y la coordinación con las autoridades federales, al tiempo que defendió la aplicación imparcial de la ley.

“En Chihuahua la ley se aplica sin distinción. Aquí no se protege a nadie ni persigue a nadie”, declaró.

Campos concluyó que su gobierno continuará trabajando con las instituciones de seguridad de los distintos órdenes de gobierno y con sus socios internacionales, bajo el compromiso de actuar dentro del marco legal y en beneficio de las familias chihuahuenses.

Con este posicionamiento, la mandataria fijó su postura frente a uno de los casos más delicados para su administración. El proceso judicial contra Jáuregui, junto con la investigación federal sobre la participación de ciudadanos estadounidenses en operaciones de seguridad, continuará en manos de las autoridades competentes.

El desarrollo de ambas causas permitirá determinar si existieron responsabilidades adicionales y hasta dónde alcanzan las posibles irregularidades investigadas. Mientras tanto, el Gobierno estatal afirma que colaborará con la Federación y que no intervendrá en las decisiones que corresponden a los tribunales.

Enfoque editorial: La nota distingue la postura política de Maru Campos de las actuaciones de las fiscalías y de lasdecisiones judiciales. Antes de publicarla, conviene confirmar la fecha exacta del mensaje y contrastar sus referenciasprocesales con los comunicados oficiales más recientes.