8M: cuando la causa se vuelve consigna
¿Se sancionan realmente las conductas violentas de los funcionarios o es mera simulación electorera?
A pocos días de conmemorarse el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, en Chihuahua el discurso sobre los derechos de las mujeres y la violencia que sufren, vuelve a colocarse en el centro del debate público, pero no necesariamente por convicción. En plena antesala electoral, políticos y funcionarios han encontrado en la agenda de género una bandera útil para golpearse entre sí, más preocupados por el cálculo político que por la justicia o la reparación del daño.
El contraste es brutal. Chihuahua —y en particular Ciudad Juárez— arrastra una historia dolorosa marcada por feminicidios y violencia cotidiana contra mujeres y niñas. Cinco municipios permanecen bajo Alerta de Género por cifras que no admiten simulaciones: Chihuahua, Juárez, Parral, Cuauhtémoc y Guadalupe y Calvo concentran las mayores denuncias de violencia, de acuerdo con datos oficiales. Mientras tanto, la vida sigue cobrando facturas todos los días, muy lejos de los micrófonos y los posicionamientos partidistas.
En este contexto estallan los escándalos. Los mas recientes, el caso de Luis Terrazas, subdirector administrativo de Seguridad Pública Municipal suspendido por expresiones misóginas contra una senadora; el regidor Miguel Riggs, acusado de ofender a la síndica en plena sesión de Cabildo; regidoras que exhiben mensajes ofensivos de Adrián Sánchez, asesor ligado a diputada de otra fuerza política; la renuncia de la titular del Instituto de las Mujeres en Jiménez tras denunciar hostigamiento laboral por parte del secretario del Ayuntamiento de este municipio, Iván Venegas, casos distintos, sí, pero con un patrón común: la mayoría se queda en el terreno del escándalo público y la confrontación mediática.
La pregunta es inevitable: ¿qué tan genuina es la indignación cuando rara vez se traduce en denuncias formales, investigaciones a fondo y sanciones ejemplares? Cuando el agravio sirve más para exhibir al adversario que para proteger a las víctimas, la causa se vacía de contenido. El riesgo es claro: convertir la lucha contra la violencia de género en munición electoral no solo banaliza el problema, también perpetúa la impunidad.
Si el compromiso fuera real, la prioridad no sería el reflecto ni la ventaja política, sino investigar a fondo, sancionar sin distingos y garantizar que la defensa de los derechos de las mujeres no dependa del calendario electoral. Todo lo demás es ruido.
